En la primera Constitución de la República, en materia de gobiernos departamentales, se estableció un régimen centralista, consecuencia de la concepción de un Estado Unitario. Se crearon dos órganos: un Jefe Político designado por el Poder Ejecutivo con amplísimas facultades de gobierno, y una Junta Económico – Administrativa, compuesta de vecinos. La competencia de la denominada “Junta Económico -Administrativa” resultaba ser por demás imprecisa, y sus decisiones estaban siempre sometidas a la decisión última del Jefe Político, ya que simplemente cumplía funciones de mera iniciativa. Las Juntas Económico -Administrativas fueron absorbiendo competencia hasta que se transformaron en verdaderos centros de poder del gobierno departamental.

Al centralismo de la Constitución de 1830, le sigue la reacción contraria, sustentada en una gran autonomía de los Gobiernos Departamentales, que se estructura en la Constitución de 1918. Los órganos existentes dentro del Gobierno Departamental eran: A) Una Asamblea Representativa, con funciones legislativas, y con facultades incluso para crear impuestos (Poder Legislativo Departamental), cuyos cargos serán honorarios; B) Uno o varios Consejos de Administración Autónomos, que ejercerán las funciones ejecutivas y de administración departamental (Poder Ejecutivo Departamental). Vale decir: se estableció que el gobierno y la administración locales serían ejercidos por una Asamblea Representativa y por uno o más Concejos de Administración Autónomos, elegidos popularmente. Con fecha 23 de diciembre de 1919 se aprobó la Primera Ley Orgánica de Gobiernos Locales, la cual denominó a los miembros del órgano representativo departamental (“Asamblea Representativa”) con el término “Diputados Departamentales”.

Con la Constitución de 1934, se estableció que el gobierno y administración de los departamentos, con excepción de los servicios de policía, estarán a cargo de un Intendente, una Junta Departamental, y una o más Juntas Locales. Se produjo un cambio sustancial en la estructura orgánica y competencia de los Gobiernos Departamentales, la cual sería muy similar a la actual. El sistema establecido en la Constitución de 1934 se proyectó en la Ley Orgánica Municipal de 1935 (Ley Nº 9515), con la reducción de funciones y del número de miembros de los órganos legislativos departamentales como así también el cambio de designación del cargo, por la denominación “Edil Departamental”. Las Asambleas Representativas compuestas originariamente de un mínimo de 30 (treinta) a un máximo de 90 (noventa) integrantes fueron sustituidas por las Juntas Departamentales con 11 (once) miembros en Montevideo y 9 (nueve) en el Interior. Al fijar las competencias del Intendente y de las Juntas Departamentales, la Constitución de 1934 les atribuye, respectivamente, “la función ejecutiva en el gobierno departamental” y “funciones de contralor y legislativas en materia municipal”.

En la Constitución de 1942 se mantiene la organización, estructura y competencias de los órganos del Gobierno Departamental previstas en la Constitución de 1934; sin perjuicio de ello, se modifica el número de miembros de la Junta Departamental, que pasarían a ser: treinta y un (31) integrantes en Montevideo, y quince (15) en los restantes departamentos.

Con la nueva Constitución se crea a nivel departamental: A) Un Poder Ejecutivo Colegiado, denominado “Consejo Departamental de Gobierno”, integrado por siete miembros en Montevideo y cinco en los demás Departamentos; B) Las Juntas Departamentales -Poder Legislativo Departamental- se mantienen prácticamente con las mismas características, con funciones legislativas y de contralor. Se elevó el número de integrantes por Junta, se bajó la edad para ser Edil y se creó el sistema actual que asegura al lema ganador, al menos la mayoría absoluta de la Junta Departamental al lema ganador.

Con la Constitución de 1966, retorna al régimen de la Constitución de 1934: Intendente Municipal y Junta Departamental (Poder Legislativo Departamental). La reforma constitucional de 1966 introdujo importantes modificaciones tanto en la estructura del gobierno departamental, como en aspectos vinculados a la descentralización con respecto al gobierno central.

El Gobierno Departamental durante el período de facto. Durante el período de gobierno “de facto” que vivió el país entre los años 1973 y 1985, se produjeron cambios que alcanzaron la estructura y competencia de los órganos de los Gobiernos Departamentales. El Poder Ejecutivo por Decreto Nº 465/73 de 27/6/1973 declaró disueltas todas las Juntas Departamentales, y creó en cada departamento una “Junta de Vecinos”, “que en lo pertinente y en el ámbito departamental tendrá atribuciones similares a las conferidas al Consejo de Estado”, creado por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 464/73 de igual fecha, es decir funciones legislativas y de contralor. Por su parte, los órganos ejecutivos departamentales fueron intervenidos, creándose el cargo de “Intendentes interventores” en cada departamento por disposición del Acto Institucional Nº 3 de fecha 1º de Setiembre de 1976.

El sistema actual se mantiene en forma similar a su antecedente de 1952, con la diferencia de que actualmente no existe un número mayor de ediles en Montevideo con relación a las Juntas Departamentales del interior, como sucedía anteriormente, y la edad para ser Edil se redujo de 23 a 18 años en la reforma de 1996, previendo la posibilidad al Parlamento Nacional de cambiar el número de integrantes de las Juntas Departamentales. A su vez, se trasladaron las elecciones departamentales al segundo domingo de mayo del año siguiente al de las elecciones nacionales, separando ambas instancias.